La vigencia del anexo 7 del RETJ se prolonga hasta el 30 de junio de 2026
Jugadores y entrenadores pueden suspender sus contratos con clubes ucranianos y rusos
La decisión se ha adoptado tras consultas con los principales grupos de interés
Dado que continúa la guerra en Ucrania, el Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido hoy ampliar la aplicación del anexo 7 del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) hasta el 30 de junio de 2026. La ampliación garantiza que la reglamentación siga amparando a los jugadores, entrenadores y clubes afectados por el conflicto, y plasma el continuo compromiso de la FIFA con la protección de la estabilidad y la integridad del sistema futbolístico en circunstancias excepcionales.
La decisión se produce tras las exhaustivas consultas y conversaciones constructivas mantenidas con las partes interesadas del fútbol, entre las que figuran federaciones miembro de la FIFA, ligas, clubes y representantes de los jugadores.
En virtud de estas disposiciones ampliadas, los jugadores y entrenadores extranjeros conservarán el derecho a suspender unilateralmente sus contratos laborales con los clubes afiliados a la Federación Ucraniana de Fútbol (UAF) o la Federación Rusa de Fútbol (FUR) hasta el 30 de junio de 2026.
Para ejercitarlo, deberán comunicárselo a sus clubes por escrito antes de, como máximo, el 1 agosto de 2025. El plazo garantiza que estas decisiones se adopten con transparencia y sin dilación, impide que se produzcan abusos y aporta claridad jurídica a todas las partes.
El anexo 7 se introdujo en marzo de 2022 como respuesta transitoria a la crisis. Desde entonces, ha proporcionado un régimen regulatorio para la gestión de los enormes problemas laborales que afectaban a jugadores y entrenadores como consecuencia de la guerra. La FIFA seguirá supervisando de cerca la situación en Ucrania y Rusia, y adaptará sus normativas según se precise.
La FIFA reafirma su respaldo a todos los miembros de la comunidad futbolística afectados y seguirá trabajando en colaboración con los grupos de interés para defender los principios jurídicos de seguridad, justicia y solidaridad.